Los crímenes que no se cuentan. Venezuela Diversa denunció el asesinato de seis transexuales en Caracas el añopasado. El temor y la vergüenza frenan la denuncia de las víctimas. JUAN CARLOS FIGUEROA jcfigueroa@el-nacional.com
Se hacía llamar Xiomara Durán y sucedió una noche cualquiera. Caminaba por la avenida Libertador de Caracas en busca de clientes cuando recibió siete impactos de balas. No fue por venganza, ni para robarla. La explicación es otra. Durán era trabajadora sexual, pero también era transexual. Murió el 17 de mayo de 2009, la misma fecha en la que se celebra el Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia.
Los que conocen del caso aseguran que se trató de un delito de odio, uno de los muchos que se cometen contra el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en el país.
Pero para las autoridades, el crimen de Durán se trató de un caso de violencia común.
Y es que en Venezuela, al menos en cifras, estos delitos no existen.
Jonathan Matheus, presidente de la ONG Venezuela Diversa y subsecretario para la región andina de la Ilga (asociación internacional que agrupa a organizaciones sexodiversas, por sus siglas en inglés), afirma que los números no están, no porque no existan los crímenes, sino porque no se denuncian.
Explica que la denuncia es la principal herramienta para poder registrar los casos de agresión y discriminación por orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, señala que en el país es alto el nivel de agresión y mínimo el de denuncias. El porqué: "Hay miedo y el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías".
Matheus habla por experiencia propia. Desde que creó Venezuela Diversa, en el año 2008, comprobó que el temor de las víctimas a denunciar es la pieza que más resalta en el panorama. Su primer hallazgo, fruto del contacto con miembros del colectivo sobre todo con los transexuales , fue alarmante: las principales agresiones que sufrían eran realizadas por policías.
La violencia verbal, la "matraca" y la privación arbitraria de libertad resultaron ser las faltas más comunes. Los transexuales figuraron como los más afectados. Matheus, sin embargo, sabe que la violencia ha llegado más lejos.
Venezuela Diversa conoció el año pasado sobre el asesinato de seis transexuales en Caracas, entre los que se cuenta el caso de Xiomara Durán. Cinco fueron por impactos de bala y el otro por arma blanca. Ninguna fue despojada de sus pertenencias y sus a llegados descartaron el móvil de la venganza.
Matheus intentó hacerles seguimiento a todos estos casos y se encontró con muchas barreras. "El Cicpc nos colocó todas las trabas posibles para que no conociéramos los detalles y los resultados de las autopsias. En la Fiscalía, solicitamos que se nos permitiera revisar los expedientes y se nos informara sobre el avance de las averiguaciones, pero nunca tuvimos respuesta. Por eso que hay miedo".
Impunidad. Rafael Garrido, abogado y especialista en derechos humanos, explica que la impunidad de estos casos envía un mensaje claro: estos delitos pueden ser cometidos libremente, sin sanción y sin culpables.
Asegura que la impunidad en Venezuela en los casos de derechos humanos es bastante alta, pero en los relacionados con personas sexodiversas es aún mayor. "La impunidad es la regla y no la excepción".
Garrido señala que el miedo al agresor y a ser nuevamente víctima, y el temor a asumir abiertamente su sexualidad son fuertes obstáculos en esta situación. Alerta sobre el caso de las víctimas que legitiman la agresión: "Asumen que al haberse parado en alguna esquina o al caminar en la noche por la calle agarrados de la mano con su pareja provocaron el ataque.
Consideran que realmente no se les agredió, sino que fue una respuesta natural a lo que hicieron. Eso es muy peligroso porque terminan naturalizando la violencia en su contra".
Advierte sobre la inexistencia en el derecho penal venezolano de una mención sobre los delitos motivados por orientación sexual o identidad de género. Recuerda que, en legislaciones como la española, existe una mayor sanción para los culpables de este tipo de actos.
"Al penalizar de forma diferente estos delitos se envía un mensaje específico: esta forma de discriminación o conducta son castigadas y rechazadas por el Estado", afirma.
JUAN CARLOS FIGUEROA jcfigueroa@el-nacional.com EL NACIONAL